Amenazas y seguimientos contra integrantes del MOVICE en Magdalena Medio

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Por: MOVICE - julio 22 de 2013

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denuncia una nueva amenaza contra varias de las organizaciones que conforman su capítulo Magdalena Medio, además de seguimientos contra su secretaria técnica, Rocío Campos. La nueva amenaza llegó sólo cinco días después de la anterior, expedida contra el dirigente Juan Carlos Galvis del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (Ettddhh).

Hechos:

1. El 16 de julio de 2013, en horas de la tarde, un panfleto amenazante firmado por el autodenominado Ejército Antirrestitución llegó a la casa del líder comunal Elizardo Badillo. La amenaza nombra a las organizaciones y personas: Ettddhh, Credhos, Asorvim, Asodesamuba, Quinto Mandamiento, Gente en Acción, Ana Briseida, "Las Juanas" (refiriédose a dos hermanas llamadas así), William Mendoza, Edwin Cardona y "el señor Nieto", todos integrantes del capítulo del Movice en Magdalena Medio, además, del señor Elizardo Badillo. Adicionalmente, el panfleto señala que las personas "Ana Briseida, Edwin Cardona [...] y el señor Nieto tienen hasta el 4 de agosto para abandonar la ciudad”.

Tal como en la amenaza anterior, lanzada contra el señor Juan Carlos Galvis, la presente también vino con el eslogan: "El Ejército Anti-Restitución, Anti-guerrilla, Anti-Movimientos Gays, Anti-Defensores de derechos (camuflaje de guerrilla), Anti-Sindicalista, Anti-Feministas, Anti-Víctimas, hace presencia en Barranca, segunda capital antisubversiva de Colombia". Además, señala que el grupo está "Por un futuro limpia corruptos, maricas, drogadictos, de sindicalistas, de defensores guerrilleros".

2. El día miércoles 17 de julio, aproximadamente a las 11:00 am, dos hombres desconocidos, que se transportaban en una motocicleta de alto cilindraje sin placas, pararon fuera de la casa de la señora Rocío Campos. Uno de los hombres bajó de la moto y se acercó a la casa. Dado que la señora Campos no estaba en el momento, habló con su hija de 17 años, a quién le preguntó por el lugar de ubicación de la señora Campos y si se iba a demorar. Luego preguntó si la señora Campos estaba haciendo lo que le prohibieron hacer e indicó a la menor: "dile que la estábamos buscando los mismos que le prohibieron hacer el trabajo de derechos humanos". A las 11.45 am los mismos hombres fueron vistos en la esquina de la casa, aparentemente vigilando. En horas de la tarde del mismo día, se informó de la presencia de una moto dando vueltas a la casa, antes de las 5:00 pm.

Antecedentes:

Estas amenazas se profieren en un momento en que la ciudad de Barrancabermeja se moviliza por la exigibilidad de los derechos a la educación y a la salud, en que los transportadores formales e informales reclaman su derecho al trabajo y en que las organizaciones defensoras de DD.HH. avanzan en una negociación con el Estado y el gobierno por la reparación simbólica y material por las violaciones sistemáticas a los DD.HH. Es también un momento en que los antiguos jefes paramilitares de la ciudad, que continúan delinquiendo desde las cárceles, amenazan con regresar al territorio, producto del cumplimiento de sus condenas, de máximo ocho años, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Durante los últimos seis meses han tenido lugar varias agresiones en contra de integrantes del Capítulo Magdalena Medio y defensores de DD.HH. en Barrancabermeja:

1. El 12 de febrero fueron amenazadas cuatro mujeres defensoras de derechos humanos: Jackeline Rojas Castañeda, Carolina Rubio, Doris Flórez y Ana T. Rueda.

2. El 19 de febrero de 2013, la defensora Yeidy Yeraldin Rojas Chacón, miembro de la junta directiva de Asorvimm, fue secuestrada en la vía que conduce del puerto de Cerro Burgos a Santa Rosa, apareciendo el 22 de febrero, luego de haber sufrido agresión física.

3. El 23 de febrero de 2013, en la casa de la defensora de derechos humanos Luz Almanza fue dejado un sobre de manila que contenía un panfleto y una bala. En la amenaza le advertían que tenía 12 horas para abandonar la ciudad.

4. El 6 de marzo de 2013, fueron amenazadas todas las organizaciones sociales y sindicales que hacen parte del Ettddhh.

5. El 7 de mayo de 2013, entre las 9:30 y 9:40 pm, el dirigente Rafael Rodríguez Moro, secretario general de la Subdirectiva Centro de la Unión Sindical Obrera (USO), fue víctima de un atentado contra su vida.

6. El 8 de mayo de 2013, fue dejado en el salón comunal del barrio La Esperanza de la Comuna 5 de barrancabermeja un panfleto que tenía como título “Muerte a los opositores del desarrollo” y que mencionaba a cinco personas que son presidentes de Asojuntas: Elizardo Badillo, Nelson Arenas, Antonio Jaraba, David Mayorga y Jadis José Prada.

7. El 14 de mayo de 2013, fueron amenazados los líderes de la organización ANDAS, María Ravelo Crespo, Elías Ardila y Alexander Trejos. Esta amenaza se dio posterior a la entrega de tres restos óseos de las víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998, en donde se notaron algunos seguimientos y, en la noche del 5 de julio, hubo un intento de desconocidos por ingresar forzadamente a la iglesia del barrio El Campín donde reposaban los restos.

8. El 11 de julio, el señor Juan Carlos Galvis recibió una amenaza firmada por el "Ejercito Anti-Restitución Magdalena Medio". El panfleto fue entregado en la Secretaría del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos y también amenazó a sus hijos y a la comunidad de defensores de derechos humanos en Barrancabermeja de manera general.

Exigimos:

-Que las autoridades locales, en especial el alcalde de Barrancabermeja, Elkin David Bueno Altahona, tomen de manera urgente las medidas necesarias para frenar esta ola de agresiones contra los defensores de derechos humanos en la ciudad, incluyendo la realización de una investigación concreta sobre los hechos que conduzca al castigo de los responsables.

-Que las autoridades competentes nacionales, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría de Pueblo, aseguren que se tomen las medidas necesarias para asegurar la protección de los amenazados, tanto como la prevención de mayores agresiones.

-Que la comunidad nacional e internacional tome acciones urgentes para asegurar que las autoridades colombianas cumplen con las exigencias arriba mencionadas.