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Por: MOVICE - junio 14 de 2013
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) expresa su profunda preocupación por la situación de 1,424 personas de los municipios de Guapi y Suárez (Cauca) desplazadas por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las FARC-EP.
Entre tanto, 300 personas que se habían desplazado desde el municipio de Argelia ya retornaron a sus hogares, según información confirmada en el Comité Departamental de Justicia Transicional del Cauca, el pasado11 de junio.
En Guapi, se reportaron 1.198 personas desplazadas. Otras 20 familias permanecen confinadas en una vereda por falta de recursos para desplazarse. Persisten necesidades humanitarias ante la débil capacidad de respuesta del municipio. En Suárez, al menos 226 personas permanecen albergadas en la escuela de la vereda, cuya infraestructura también está afectada y, por tanto, genera riesgos adicionales para la población. La mayoría de estas personas en situación de desplazamiento provienen de comunidades indígenas y afrocolombianas.
Esta situación demuestra una vez más que, a pesar del proceso de paz en La Habana, el conflicto armado sigue impactando de manera dura a la población civil y reitera la necesidad de un cese a los enfrentamientos, así como la humanización de la guerra a través de un mayor respeto al Derecho Internacional Humanitario.
Como MOVICE resaltamos que este hecho ocurre mientras en el Congreso de la República se aprueba la Ley Estatutaria del Fuero Penal Militar, que significará el debilitamiento de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y de la protección hacia la población civil en el país. Según Amnistía Internacional, dicha ley "no permitirá que crímenes cometidos por Fuerzas Militares, como abusos, torturas, asesinatos, desplazamiento forzado, desapariciones y violencia sexual, sean apropiadamente judicializados".
Exigimos:
- Que el gobierno colombiano y las autoridades competentes tomen todas las medidas necesarias para asegurar que se atiendan las necesidades de la población desplazada.
- Que el gobierno colombiano tome de manera urgente las medidas necesarias para garantizar el respeto al DIH y la protección de la población civil dentro del conflicto armado.
- Que todos actores armados ejerzan pleno respeto al DIH y protejan a la población civil, como gesto de paz en el país.
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