Hostigamientos a comunidad de Pitalito y sus acompañantes

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Por: MOVICE - junio 5 de 2013

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), denuncia la presencia de miembros del Ejército Nacional y del personero municipal de Curumaní en el asentamiento de la comunidad de Pitalito, la cual retornó a su tierra el pasado 21 de mayo. También denuncia los seguimientos realizados en contra de integrantes de las organizaciones acompañantes, incluyendo al Equipo Jurídico Pueblos y a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, integrantes del MOVICE.

Hechos:

1. El 4 de junio de 2013, a las 11:10 de la mañana hicieron presencia en el lugar de asentamiento de la comunidad dos camionetas del Ejército Nacional, una de ellas sin placas y la otra con la matrícula QYA-607, y dos motos en las que se transportaban el personero de Curumaní, Mauricio Ríos; Héctor Camacho, teniente activo del Ejército que iba vestido de civil y se identificó como encargado del área de Derechos Humanos de la Brigada X Blindada del Ejército; y la asesora jurídica de esa brigada, la abogada Jenny Hernández.

Estas personas solicitaron conversar con la comunidad, manifestando que requerían constatar unos hechos denunciados a la Defensoría Regional del Pueblo, radicados en la samana del 22 al 30 de mayo. Los militares se quedaron en la entrada del asentamiento, mientras los funcionarios civiles ingresaron con este propósito.

En el transcurso de la reunión, la comunidad denunció los hechos ocurridos el 24 de mayo durante la diligencia de inspección ocular. Ante esto, los funcionarios respondieron que el coronel Fonseca no pretendía intervenir en la misma sino constatar la información que venía siendo denunciada y que su intención era levantar un acta de verificación. Según ellos, ésta fue la razón por la que hombres del Ejército tomaron fotografías a las familias y a su asentamiento. El oficial grabó la reunión.

Por otro lado, recientemente la abogada del Ejército, la Dra. Hernández, solicitó los datos de las personas presentes en esta reunión para dejarlos consignados en un documento, a lo cual la comunidad y sus acompañantes respondieron que primero debían conocer la supuesta acta levantada por el coronel Fonseca y le exigieron que devolviera las fotografías. Ante dichas peticiones, la profesional se comprometió a enviar el texto impreso del acta para ser firmada, saliendo del asentamiento a las 12:50 pm.

2. A las 4:16 pm de ese mismo día, mientras el abogado Leonardo Jaimes Marin, integrante del Equipo Jurídico Pueblos y de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se encontraba en el parque de Curumaní, acompañado por miembros de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), luego de haber realizado diligencias propias de su labor, observaron que transitaba por el lugar la camioneta de marca Toyota Hilux con placas ELK 472 de Bogotá, de la que se conoce que es de propiedad de Juan Manuel Fernández de Castro, el actual poseedor de las tierras reclamadas por la comunidad de Pitalito. Luego, el vehículo retrocedió unos 20 metros, estacionándose por algunos minutos frente al vehículo asignado al esquema de protección del abogado, quien tomó sus placas.

Antecedentes:

El 21 de mayo se percibió el frecuente tránsito por el territorio de dos personas al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, responsable del desalojo anterior de la comunidad. Éstos portaban radios de comunicación de frecuencia corta.
Ese mismo día, a la 1:40 pm, siete miembros del Ejército Nacional, adscritos al Batallón Energético y Vial No. 3 “general Pedro Fortul” de la X Brigada Blindada, al mando del teniente Barajas, rodearon la zona generando temor en la comunidad. Los uniformados quienes permanecieron en el lugar por espacio de una hora, pretendieron tomar fotografías a las familias asentadas, pero fueron disuadidos por la presencia de acompañantes internacionales.
El 22 de mayo, a las 10:45 am, uno de los trabajadores del sr. Juan Manuel Fernández de Castro recorrió la zona delimitada por la comunidad, tomando fotografías de sus emblemas, pancartas y banderas. Cuando los representantes de las organizaciones nacionales e internacionales presentes allí, como Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y el Observatorio Internacional de Paz (IPO), se le acercaron preguntando por aquella situación, él manifestó que se trataba de una orden del 'patrón', el sr. Fernández de Castro.
El 23 de mayo, antes de las 7:00 am, llegaron al lugar ocho miembros del Ejército Nacional motorizados, quienes se presentaron, con actitud agresiva, como integrantes del Batallón Energético y Vial No. 3 “general Pedro Fortul”. Los militares fueron atendidos de nuevo por integrantes de las organizaciones internacionales presentes, quienes intervinieron para evitar que ingresaran al lugar de asentamiento de la comunidad, delimitado como espacio exclusivo de la población civil. Asimismo, los militares señalaron que llegaron allí porque el “Procurador de Paz” les dijo que había recibido una llamada de PBI, en la que le denunciaban que en la zona había presencia de hombres armados “ajenos a ellos”, información que resulta completamente falsa.
El 24 de mayo hicieron presencia en Pitalito el inspector de la Policía y el personero del municipio de Chimichagua (Cesar), con el fin de observar el predio. Al parecer se realizó en respuesta a una querella presentada por Fernández de Castro.

Exigimos:

-Que el Gobierno Nacional ordene de inmediato el cese de todo acto de persecución y hostilidad contra las familias de la comunidad campesina de la vereda Pitalito, y que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad y permanencia en el territorio.

-Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen cuanto antes con las autoridades colombianas para que cumplan estas medidas.