Asesinado líder de la comunidad campesina de Blanquicet que luchaba por la restitución de las tierras de su comunidad

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El 24 de Noviembre de 2010, hacía las 6:00 p.m. el campesino y directivo de la Cooperativa Cootragloban, Oscar Manuel Mausa Contreras, fue asesinado en su finca “El Pozo del Guamo”, en el Caserío El Cañito, San Juan de Nepomuceno, Bolívar. Oscar Manuel fue amarrado a un árbol, apedreado, torturado y golpeado hasta la muerte de la manera más brutal. El homicidio presenta las mismas modalidades de los asesinatos de Albeiro Martínez y Hernando Pérez, es decir, sin arma de fuego.

En 1997 había salido desplazado de Turbo ante la amenaza y el hostigamiento de grupos paramilitares, Oscar Manuel se encontraba reclamando las tierras de las que había sido despojado en el corregimiento Blanquicet, vereda La Esperanza, municipio de Turbo, en el Uraba Antioqueño, y se encontraba liderando el proceso de restitución y retorno a las tierras de Úraba, principalmente al municipio de Turbo, era miembro íder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), y de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes de Urabá.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Ayer 24 de noviembre fue asesinado en la vereda Cañito del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) Óscar Manuel Mausa Contreras, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan). Su cuerpo fue hallado en su finca, “La Poza del Guamo”, por un trabajador. Él estaba bocabajo con las manos atadas y habría muerto por un golpe contundente que le dieron en la cabeza con un objeto. Además, se encontró que las pertenencias en la casa de Óscar habían sido registradas.

Óscar y otros miembros de Cootragroblan adelantaban acciones de reclamación de tierras, representados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y por la Comisión Colombiana de Juristas, a través de varios procedimientos judiciales, incluyendo los establecidos en la ley 975 de 2005. El caso de la Cooperativa se tramita actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Antecedentes

Entre 1996 y 1998 fueron desplazadas forzadamente por paramilitares, para apropiarse de sus tierras, numerosas familias del corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo (Antioquia). Entre ellas, fueron desplazadas las 12 familias socias de Cootragroblan.

El 23 de mayo de 2005, el Fiscal Seccional 72 de Chigorodó ordenó la restitución del bien inmueble “La Esperanza” a sus legítimos propietarios de Cootragroblan. Sin embargo, las amenazas por parte de los grupos paramilitares presentes en la zona impidieron que los socios de Cootragroblan retornaran a sus tierras.

El 1º de septiembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- dictó medidas cautelares a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero, miembros de Cootragroblan, quienes manifestaron temor ante posibles represalias por no ceder ante las presiones de los paramilitares que tomaron posesión de sus tierras y por haber activado el proceso judicial para lograr la restitución de la propiedad[1].

El 6 de octubre de 2007, en el municipio de Turbo (Antioquia), Óscar Maussa fue amenazado de muerte por el paramilitar conocido como “Julio Ospino”[2], miembro de las estructuras paramilitares que continúan operando en la región del Urabá, bajo las denominaciones de “Renacer” o “Convivir”, “Águilas Negras” y “Autodefensas Gaitanistas”, y por ello se vio obligado a desplazarse nuevamente fuera del Urabá antioqueño.

Como consecuencia del proceso penal que se abrió por la denuncia que presentó Óscar Maussa, el 5 de octubre de 2010, el Fiscal 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín, ordenó la detención preventiva de Ramiro Enrique Álvarez Porras, alias “Napo” o “Móvil 8”, como coatuor de los delitos de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, desplazamiento forzado e invasión de tierras y edificios.

La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Interereclesial de Justicia y Paz rechazan y denuncian este crimen e instan al Gobierno nacional a dar pleno cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en consecuencia, brindar todas las garantías necesarias, especialmente para la protección de la vida e integridad personal de las familias que integran la Cooperativa. Estas mismas garantías deben ofrecerse a todas las personas que están reclamando la restitución de sus tierras. Igualmente, instan a la Fiscalía General de la Nación para que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para individualizar a los responsables del homicidio de Óscar Maussa. También hacen un llamado al Gobierno nacional para que adopte acciones efectivas para neutralizar a los grupos paramilitares que aún operan en el país.

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2010